La Defensoría del Pueblo de San Carlos de Bariloche realizó este miércoles 19 de noviembre la segunda Mesa de Incidencia por la situación del Vertedero Municipal, convocando a vecinas y vecinos de los barrios aledaños, juntas vecinales, vecinos y vecinas autoconvocados por el Vertedero; la concejal Julieta Wallace, el vicerrector de la Universidad Nacional de Río Negro, Diego Aguiar; la directora de CONICET Patagonia Norte, Celeste Ratto; el Secretario de Obras y Servicios Públicos del Municipio, Jorge Quilaleo; como así también Alejandra Castillo del Hospital Zonal Bariloche; Lucas Mendoza
de la Defensoria del Pueblo de Río Negro y Nélida Castillo, Directora del Vertedero Municipal, entre otros actores institucionales que se acercaron a aportar información y propuestas.
El encuentro —realizado en la sede de la Junta Vecinal El Frutillar— se
desarrolló en el marco de la Actuación que lleva adelante la institución y tuvo
como finalidad ordenar la información disponible, evaluar responsabilidades
y acordar pasos operativos frente a la persistencia de reclamos ambientales,
sanitarios y comunitarios vinculados al funcionamiento del Vertedero.
Durante la apertura, la Defensora del Pueblo, Mariana Minuth, remarcó la
importancia de “sostener un espacio plural y activo que permita avanzar en
soluciones reales para la comunidad”, señalando que los impactos del
Vertedero “no admiten más demoras”.
Las exposiciones de los organismos presentes incluyeron aportes técnicos y
operativos sobre el estado del Vertedero, estudios ya realizados, necesidades
de información pendiente y dificultades en el funcionamiento cotidiano del
predio. También se detallaron problemáticas vinculadas a la seguridad, como el ingreso descontrolado de personas, la falta de supervisión en horarios críticos y la necesidad de reforzar medidas para prevenir situaciones de riesgo dentro del sitio. Los vecinos y vecinas sumaron testimonios sobre las afectaciones ambientales y sanitarias que vienen atravesando desde hace
años.
En cuanto a los compromisos y próximas acciones, se resolvió actualizar y
ampliar los pedidos de informes a los organismos municipales, enmarcados
en la Ordenanza 1749-CM-07, que en su Art. 14 establece el deber de
colaboración de todas las áreas municipales y entidades públicas o privadas,
obligándolas a facilitar informes, expedientes, documentos y toda
información útil para las investigaciones de la Defensoría.
Asimismo, se acordó remitir requerimientos a los organismos provinciales
involucrados; requerir datos específicos a la empresa Rowing respecto del
manejo del manto y la maquinaria; compartir los informes técnicos
existentes, incluyendo antecedentes sobre posibles localizaciones
alternativas; e incorporar a la Defensoría del Pueblo de Río Negro y a
legisladores provinciales, dada la dimensión regional de la problemática del
Vertedero.
La Defensoría del Pueblo dará continuidad a estas mesas, promoviendo
nuevos encuentros para seguir ordenando información, definir
responsabilidades y avanzar en acciones concretas.