En el marco de la Comisión Especial de Participación Ciudadana, la Defensora del Pueblo, Mariana Minuth, presentó un pormenorizado análisis sobre la crisis socioambiental del vertedero municipal. También expusieron el Asesor Letrado, Dr. Carlos Emilio Arrative; la Asesora Ambiental, Ing. Ailín Clavería; y el Coordinador de Programas de Promoción de DDHH, Téc. Bruno Mercado, reafirmando el compromiso del organismo con la defensa de los derechos colectivos de la comunidad.
La Defensora inició su alocución señalando el carácter estructural de la problemática, destacando que, tras décadas de debate, la afectación a la salud de los vecinos y a la calidad integral del ambiente continúa agravándose. En este sentido, denunció la falta de respuesta a los pedidos de informe emitidos bajo la actuación 4/2025 de la Defensoría:
«Emitimos un montón de pedidos de informe y el Ejecutivo no contestó ni uno. El único que fue contestado fue desde el Departamento de Acción Social».
Asimismo, Minuth brindó claridad técnica sobre la situación contractual de la empresa Rowing SA. Tras un requerimiento de la Defensoría, la firma aclaró que su labor se limita a la provisión de maquinaria pesada, deslindando responsabilidades sobre la gestión operativa o la mitigación del impacto ambiental. «Rowing es simplemente el proveedor de equipos para un plan de trabajo definido por el municipio», subrayó la Defensora, cuestionando la falta de un plan de trabajo concreto por parte del Estado municipal.
Respaldo de ADPRA
La intervención también destacó el apoyo de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA). El organismo nacional emitió un comunicado expresando su preocupación por la persistencia del basural a cielo abierto y exigiendo el cumplimiento de la Ordenanza 3349/2022. Al respecto, Minuth fue tajante:
«Pareciera que todo el país ve la problemática menos en nuestra propia ciudad, menos nosotros. No podemos pensar en un pliego a 10 o 15 años… No podemos seguir sosteniendo un vertedero en el medio de los barrios de Bariloche».
Hacia un sistema de gestión integral y humano
Desde la Defensoría del Pueblo se propuso un abordaje que trascienda la mera licitación de servicios, instando a la implementación de:
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Separación en origen y recolección diferenciada: Con campañas inmediatas y obligaciones para grandes generadores (hoteles y restaurantes).
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Dignificación laboral: Centros de acopio que eviten el trabajo de los recicladores de la ARB directamente sobre el manto de basura.
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Planificación técnica para la relocalización: Retomar los informes de relocalización existentes y establecer etapas claras de remediación.
La Defensora concluyó su intervención haciendo un llamado a la voluntad política y a la utilización de los recursos técnicos locales: «Sabemos que el vertedero no se va a solucionar de un día para el otro, pero sin un plan coherente no lo vamos a solucionar nunca. Una licitación a 10 años con opción automática a 15 no va a solucionar el problema».
Con esta presentación, la Defensoría del Pueblo ratifica su rol como garante de un ambiente sano y condiciones de vida dignas, exigiendo que las voces de los vecinos y los aportes técnicos de esta Comisión se traduzcan en políticas públicas efectivas.