“Se está proponiendo un aumento en el boleto para un servicio que hoy es defectuoso y funciona por debajo de cualquier estándar de calidad”, sostuvo la Defensora del Pueblo, Mariana Minuth.
La Defensoría del Pueblo de San Carlos de Bariloche participó este miércoles 17 de diciembre de la Audiencia Pública Obligatoria convocada para analizar la revisión de la tarifa del Transporte Urbano de Pasajeros y advirtió que la instancia estuvo plagada de graves irregularidades, en incumplimiento de la normativa vigente que regula este tipo de mecanismos de participación ciudadana.
En ese sentido, se señaló el incumplimiento de la Ordenanza 1744-CM-07, que establece las condiciones y el procedimiento bajo los cuales deben desarrollarse las audiencias públicas. Durante el encuentro se evidenció una falta de dirección clara del acto, situación que afectó el normal desarrollo de la audiencia y el ejercicio efectivo del derecho a la participación.
Asimismo, se observó la ausencia de funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal, responsables de la prestación y fiscalización del servicio, lo que impidió que se brindaran respuestas directas a los planteos realizados por vecinos y vecinas.
A ello se sumó la falta de transmisión oficial de la Audiencia Pública, restringiendo el acceso a la información y limitando la posibilidad de seguimiento por parte de la comunidad.
Por último, la Defensoría advirtió como especialmente grave que la empresa concesionaria Mi Bus se retiró antes de la finalización de la audiencia, sin permanecer para escuchar la totalidad de las intervenciones ciudadanas ni responder a los cuestionamientos formulados.
Rechazo al aumento tarifario y cuestionamientos al servicio
En el marco de la Audiencia, la Defensora del Pueblo, Mariana Minuth, expresó el rechazo al aumento tarifario propuesto y sostuvo que “se está proponiendo un aumento en el boleto para un servicio que hoy es defectuoso y funciona por debajo de cualquier estándar de calidad”.
Minuth remarcó que “las frecuencias son insuficientes, los recorridos tortuosos, se reduce la cantidad de unidades y las que circulan en su mayoría están en un estado de desidia absoluta”, y afirmó que “la empresa nunca pierde”, al detallar que “recibe la preferencia del adelanto municipal por el subsidio provincial, percibe todos los meses sumas millonarias por el descuento que cada barilochense tiene en su tarjeta SUBE y cobró 60 millones de pesos por el transporte de estudiantes de escuelas públicas”.
Asimismo, señaló que “el derecho se vulnera del lado de la empresa por no cumplir y desde la municipalidad por no hacer cumplir”.
Por su parte, el Consultor de Gestión Institucional de la Defensoría del Pueblo, Guillermo Viegas Navarro, sostuvo que “el transporte no es un servicio comercial más, sino un derecho social fundamental”, y explicó que “es indispensable para garantizar el acceso al trabajo, la salud y la educación”.
Viegas Navarro advirtió que “el derecho a la movilidad exige que el servicio se preste bajo estándares de calidad, seguridad, equidad y dignidad”, y remarcó que “la responsabilidad de la provisión del servicio es indefectiblemente del Estado Municipal”. En ese sentido, enumeró incumplimientos como que “el contrato establecía un número mínimo de 100 unidades y hoy circulan apenas 72”, o que “se preveía el desarrollo de una aplicación digital para los usuarios que nunca fue implementada”.
Finalmente, cuestionó la falta de información pública y afirmó que “no están cargadas las actas de la Comisión de Seguimiento del Sistema de Transporte Urbano de Pasajeros”, advirtiendo que “si no hay información pública fiable, actualizada y suficiente, ¿cómo pueden los vecinos barilochenses participar de manera real y efectiva en instancias como las audiencias públicas de revisión tarifaria?”.