En el marco del tratamiento parlamentario que tendrá lugar el día de hoy en la Cámara de Diputados de la Nación, la Defensoría del Pueblo manifiesta su rotunda oposición al proyecto de Ley que busca modificar el régimen de protección de glaciares. La institución ha presentado un exhaustivo informe ambiental que fundamenta la necesidad de sostener la normativa vigente para garantizar la preservación de estas reservas estratégicas de agua dulce.
El informe técnico elaborado por la Ingeniera Ambiental Ailín Clavería, asesora en la materia de la Defensoría del Pueblo, subraya que el agua es un recurso insustituible para la vida y el desarrollo. Dado que solo el 2,8% del agua del planeta es dulce, y de ese total casi el 78% se encuentra en glaciares y hielos, cualquier alteración en su protección legal representa una amenaza directa a la seguridad hídrica de la Argentina. Los glaciares no son sólo masas de hielo estáticas, sino cuerpos dinámicos que regulan el caudal de los ríos y aseguran la supervivencia de comunidades desde el norte hasta el sur del país.
Uno de los puntos de mayor preocupación para la institución es la posible desprotección del ambiente periglacial. Este ecosistema, que rodea a los glaciares y se caracteriza por la presencia de suelo congelado (permafrost), es fundamental para el ciclo hidrológico y alberga flora única. La Defensoría advierte que la reducción de los estándares de protección permitiría actividades que comprometerían la integridad de estos sitios vulnerables, los cuales ya sufren el impacto del retroceso glaciar debido al cambio climático y la disminución de precipitaciones en la cordillera.
La posición institucional enfatiza que la gestión de los recursos hídricos debe ser integral y no meramente económica. El documento destaca la importancia de fortalecer la coordinación intersectorial, el ordenamiento territorial y el compromiso del Estado para garantizar la equidad en el uso del agua. En este sentido, se señala que regiones como la Patagonia y las zonas cordilleranas ya enfrentan déficits hídricos que requieren políticas de adaptación urgentes, en lugar de una flexibilización de los marcos regulatorios ambientales.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo insta a los legisladores a considerar la educación ambiental y la racionalidad ecológica como ejes centrales de la soberanía nacional. El informe concluye que la preservación de los glaciares y su entorno es un derecho humano básico vinculado a la salud y el bienestar, por lo cual cualquier retroceso legislativo significaría un costo económico y social incalculable para las generaciones presentes y futuras.