La Defensora del Pueblo anticipó un “aluvión” de amparos (Diario Río Negro)

La Defensora del Pueblo anticipó un “aluvión” de amparos (Diario Río Negro)

La oficina concentra 120 reclamos por las bajas de las pensiones por discapacidad. Estiman que las denuncias irán en aumento. En Río Negro hay 14.118 beneficiarios.

 

Desde hace unos 12 años, Nancy Uribe Muñoz cuenta con una pensión por discapacidad. “Tengo mal las piernas y la columna y tengo que usar muletas. Pero además, tengo cáncer”, detalló la mujer de 63 años que vive sola en el barrio Malvinas, uno de los más vulnerables en el sur de Bariloche.

Este mes, Nancy no pudo cobrar los 6.000 pesos de su pensión. “Es mi único ingreso y hoy no tengo un peso. Yo hoy estoy pensando en vender mis muebles para poder sostenerme. Esto para mi significa la muerte. No pueden hacer esto con los discapacitados”, expresó.

En Río Negro, hay 14.118 pensiones por discapacidad. Fuentes del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, argumentaron que “las pensiones fueron suspendidas y no dadas de baja. Se detectaron muertos, pueblos donde había más pensionados que habitantes y pueblos en los que se repartían pensiones en locales partidarios. Puede haber errores y estamos convocando a que la gente haga el reclamo de revisión automática correspondiente”.

Desde el organismo, consideraron que hay “una psicosis colectiva” y recordaron que 168.000 pensiones se dieron de baja en el 2015 “cuando no éramos gobierno, usando los mismos criterios de hoy”.

La Defensoría del Pueblo de Bariloche y la Defensoría Federal ya concentran unos 120 reclamos por las bajas de las pensiones por discapacidad y estiman que el número irá creciendo en los próximos días.

Habrá un aluvión de amparos si esto no se resuelve. No hablamos de gente que gana millones o que viaja al exterior. No es un beneficio sino una compensación del estado respecto a la situación de la persona. Muchos usan ese dinero para subsistir. Es una vulneración de derechos”, objetó Beatriz Oñate, defensora del Pueblo de Bariloche.

Describió la situación de una pareja de adultos mayores que ya presentó su reclamo. “La mujer tiene una pensión como ama de casa y él tiene una pensión por discapacidad que se la dieron de baja por recibir dos pensiones. Entre las dos, no llegaban a los 10.000 pesos”.

Oñate cuestionó también la “modalidad de revisión” del gobierno nacional: “No pueden suspender la prestación y luego consultar si la persona cumple con los requisitos. Hay un avasallamiento y es una medida arbitraria”.

Desde su precaria vivienda en el barrio Malvinas, Nancy agregó: “Me hicieron hacer un montón de cosas. Ya hice una declaración jurada en el Registro Civil, fui a la policía. Pero me dijeron que tengo que esperar tres meses. Y yo no puedo esperar. No entienden que por nuestra condición, no podemos salir a golpear puertas para pedir trabajo”.

“Estas pensiones, en muchos casos, tienen carácter alimentario, y su baja o suspensión ya está causando enormes perjuicios sociales”
Beatriz Oñate, defensora del Pueblo de Bariloche
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