DECLARACIÓN Y ADHESIÓN AL COMUNICADO DE TODOS LOS DEFENSORES DEL PUEBLO DEL PAÍS RESPECTO DEL DECRETO DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL Nº 702/2018

DECLARACIÓN Y ADHESIÓN AL COMUNICADO DE TODOS LOS DEFENSORES DEL PUEBLO DEL PAÍS RESPECTO DEL DECRETO DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL Nº 702/2018

En atención a la modificación planteada por el Decreto Nº  702/2018, la Defensora del Pueblo de la ciudad de San Carlos de Bariloche, Dra. Beatriz Oñate manifiesta su preocupación y adhiere al pronunciamiento realizado por La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, en relación al Decreto del Poder Ejecutivo Nacional, ello en virtud de que conforme se desprende de la Ley Nacional N° 24.714, el Régimen de Asignaciones Familiares establece una serie de prestaciones destinadas al cuidado de las niñas, niños y adolescentes en sus familias, legitima un Derecho. Entre ellas, las Asignaciones prenatales, por maternidad, por nacimiento, por adopción, por hijo, por hijo/a con discapacidad, por ayuda escolar anual durante la educación obligatoria.

Por su parte la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes N° 26.061 establece que las políticas públicas de niñez y adolescencia se elaborarán de acuerdo al fortalecimiento del rol de la familia en la efectivización de los derechos de las niñas, niños y adolescentes (Artículo 4).

Los Organismos del Estado deben asegurar políticas, programas y asistencia apropiados para que la familia pueda asumir adecuadamente esta responsabilidad, y para que los padres asuman, en igualdad de condiciones, sus responsabilidades y obligaciones”. (Artículo 7) “Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a obtener los beneficios de la seguridad social.

Los Organismos del Estado deberán establecer políticas y programas de inclusión para las niñas, niños y adolescentes, que consideren los recursos y la situación de los mismos y de las personas que sean responsables de su mantenimiento”. (Artículo 26). Consecuentemente, resulta inadmisible que para la percepción de las asignaciones mencionadas el límite de ingresos mínimos por grupo familiar suba y que el límite de ingresos máximo baje; así como también se quite los valores diferenciales según la zona para algunas de ellas. Esto podría generar la vulneración de garantías constitucionales que protegen Derechos Humanos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes y sus núcleos familiares.

Entendemos que se trata de un Derecho adquirido y recordamos que toda política pública de seguridad social debe centrarse en el Interés Superior del Niño y no acrecentar la brecha de las desigualdades sociales; teniendo en cuenta que la principal población que vive en la pobreza son las infancias y juventudes.

En cuanto a la zona desfavorable, es incuestionable la variable climática que afecta a quienes residen en este sector del país, que demanda de un mayor consumo de energía, consumo que hoy se encuentra considerablemente encarecido y que al momento no encuentra como contrapartida el aumento en los ingresos.

El desconocimiento y el no tratamiento diferencial de las regiones de nuestro país afecta gravemente a la equidad nacional .-

En suma, si se consideran las diferencias que aún hoy persisten y se le adiciona la suba generalizada y sostenida de precios que afecta al conjunto de la sociedad argentina, resulta inexplicable que en esta coyuntura se disponga la reducción de casi la mitad del monto de las asignaciones familiares para aquellos cuyo entorno les demanda de un gasto mayor de su ingreso, sobre todo si se tiene en cuenta el carácter que dichas asignaciones tienen y el universo de personas al que van dirigidas.

Solicitamos la revisión del mencionado decreto y que se sostenga la diferenciación por zonas, por las características propias de cada una, porque ello responde al respeto de una República Argentina federal y equitativa.0020745765